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Juicio a Sergio Urribarri Fiscalía solicitó 12 años de prision por corrupción
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Juicio a Sergio Urribarri Fiscalía solicitó 12 años de prision por corrupción

Luego de un extenso alegato, la Fiscalía solicitó sentencia para Sergio Urribarri y 12 imputados más. Una por una, las sentencias solicitadas.


En el marco de los juicios por delitos de corrupción, el Ministerio Público Fiscal solicitó 12 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos. Así fue expuesto este jueves al mediodía, en el marco de la audiencia de alegatos que se realiza en los Tribunales de Paraná.


La Fiscalía lo consideró "autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública (tres hechos: Imprenta, Parador y Mercosur), delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (un hecho: transición Legajo 6399), delito de peculado; en total cinco hecho concurren entre sí de manera real". Además pidieron multas por "90 mil pesos en cada uno de los dos hechos con ánimo de lucro, totalizando la suma de 180 mil pesos más accesorias legales y costas".


Asimismo, la Fiscalía planteó el pedido de condenas para el resto de los funcionarios y allegados al actual embajador argentino en Israel y Chipre. Por un lado, respecto de Pedro Báez, entonces ministro de Comunicación y Cultura, también considerado "autor" en los hechos, solicitaron 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Para Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, fue considerado "partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal (dos hechos: Imprenta y Parador) unidos todos ellos bajo las reglas del concurso real). Por ello, se pidió 10 años de prisión e inhabilitación.


LA CAUSA

Desde el 27 de septiembre último, en los tribunales provinciales se desarrolló un megajuicio que ventiló 5 causas por delitos de Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública. Se trata de un juicio sin precedentes en la historia entrerriana. Junto al exmandatario provincial, se juzgó la participación de exministros de sus gestiones, exfuncionarios públicos, familiares y empresarios.


Tres fiscales -Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, quienes contaron con la coordinación de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, apartada de sus funciones y en proceso de jury después de iniciado el debate-, calcularon un desvío de dinero de las arcas públicas de más de 9 millones de dólares que, traducido a la actualidad, significan 1.000 millones de pesos, publicó Análisis.


LOS PEDIDOS DE PENA


Sergio Daniel Urribari, exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel: 12 años de prision e inhabilitación absoluta perpetua más una multa de 180 mil pesos.


Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación: 10 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más una multa de 90 mil pesos.


Juan Pablo Aguilera, funcionario del Senado provincial: 10 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 180 mil pesos.


Corina Cargnel, contadora de Formato Urbano: 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 180 mil pesos.


Emiliano Giacopuzzi, acusado como testaferro de Aguilera: 4 años de prisión e inhabilitación perpetua absoluta más multa de 90 mil pesos.


Luciana Almada, acusada como socia testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua más multa de 90 mil pesos.


Alejandro Almada, acusado como testaferro: 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos.


Maximiliano Sena, acusado como testaferro: 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación perpetua más multa de 90 mil pesos.


Germán Buffa, empresario: 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua.


Gustavo Tórtul, coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur: 3 años de prisión condicional.


Hugo Marsó, exministro de Turismo: 5 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil.


Gerardo Caruso, empresario: 5 años de prisión más multa de 90 mil pesos.


Gustavo Tamay, empleado del Gobierno provincial: 4 años de prisión más inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90 mil.





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