Libertador Noticias

Home Sociedad Ley de Discapacidad: por qué el Gobierno quiere reemplazarla
Ley de Discapacidad: por qué el Gobierno quiere reemplazarla
  • Compartir
  • 43

Ley de Discapacidad: por qué el Gobierno quiere reemplazarla

  • - 2022-03-10 - Modificado el 2022-03-10

Alberto Fernández anunció en el Congreso que enviará un nuevo proyecto. Qué reclaman las organizaciones del sector.

En la apertura de sesiones en el Congreso, Alberto Fernández dijo que se enviará un nuevo proyecto de ley “para proteger los derechos de las personas con discapacidad”. En Argentina, ya existe una Ley de Discapacidad. ¿Qué es lo que se busca cambiar con una nueva?

"La ley vigente tiene una mirada médica, paternalista, sobreprotectora, lo que pretendemos es que el nuevo instrumento legal esté alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)", afirma. Se refiere a la ley 22.431, publicada en 1981 durante la Dictadura militar.

“Una persona con discapacidad (PCD) es vista como una persona vulnerable, infantilizada, necesitamos desde lo legal y después desde las políticas públicas derribar estigmas y prejuicios; que se entienda que la discapacidad no es una enfermedad, sino que es una condición de una persona que se da por la interacción de una determinada situación preexistente, y saber qué barreras encontrás en el entorno al interactuar”, sostiene Galarraga, la primera persona con discapacidad que preside la ANDIS.

La accesibilidad

La Convención no limita el concepto de “accesibilidad” a las barreras físicas que enfrentan las personas con movilidad reducida. Plantea como solución la implementación de un diseño universal, es decir, uno que garantice el acceso para personas con dificultad visual, auditiva, motora, mental/cognitiva, del habla o la comunicación.


La adecuación de instalaciones y el transporte público es una demanda dentro del heterogéneo colectivo que engloba a las personas con discapacidad. El diseño universal contempla, por caso, que en las estaciones de tren existan y estén operativos la señalización visual en las pantallas (para los sordos), el suelo podotáctil y los letreros en braille (para quienes tienen discapacidad visual) y las rampas y/o ascensores (para las personas con movilidad reducida).


En Argentina, el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad, realizado en 2018, cuantificó que hay más de 3,5 millones de argentinos mayores de 6 años con discapacidad y que en uno de cada cuatro hogares vive al menos una persona con dificultad.


El cupo laboral
Por el momento, no se tienen detalles sobre los cambios específicos que promovería el Ejecutivo, aunque Galarraga adelantó que “reforzar el cupo laboral” está dentro de las prioridades del nuevo texto. “Si ocho de cada diez personas con discapacidad están desocupadas no solo tiene que ver con el mercado laboral argentino, sino con esas barreras que se buscan romper”, concluye.

La obligatoriedad del Estado de tener al menos un 4% de PCD como personal ya existe desde la ley promulgada en 1981, pero aún está lejos de cumplirse en todas las jurisdicciones.

Remigia Cáceres, secretaria nacional de Discapacidad en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), afirma que una nueva ley marco es necesaria. "Los decretos, así como se arman en un gobierno, otro lo tira para abajo", opina. "Vamos a pedir que la pensión no contributiva se pueda compatibilizar con cualquier tipo de pensión", explica.


Cáceres subraya la importancia de un mercado laboral inclusivo no solo para organismos estatales sino también para empresas mixtas o privadas. "Muchos necesitan el apoyo de cuidadores o cuidadoras, pero sólo reciben 20.000 pesos de pensión: ¿cómo sos independiente? En la sociedad quien tiene un empleo digno tiene una vida digna, pero el 4% no se cumple".

La secretaria de la CTA también agrega está lejos de ser una realidad que la iniciativa de la ley 24.308 que dispone que puedan acceder a la concesión de pequeños comercios en sedes administrativas.

Daniel Ramos, presidente de Consejo Argentino para la Inclusión de Personas Discapacidad (CAIDIS), también pide "garantizar el derecho al trabajo" y en este sentido marca que es relevante ampliar el cupo laboral al sector privado ​y que se establezcan ajustes razonables en los puestos de trabajo para adaptarlos a las personas con discapacidad: esto es, dar respuesta a una situación excepcional dentro de las que no abarca el diseño universal.

Escuelas inclusivas

Silvia Bersanelli, profesora activista por los derechos de las personas con discapacidad y expresidenta de la CONADIS –un ente que fue sustituido por la creación de la ANDIS–, está de acuerdo con que se derogue la ley actual. “Había otra visión de cómo trabajar la discapacidad. Lo más importante es que la nueva ley armonice con esta nueva mirada”.

La especialista informa que en Argentina el 51% de los estudiantes con discapacidad todavía está fuera del sistema educativo.

Ramos cuenta de una niña que no tiene brazos y que, al escolarizarse, le dijeron a la mamá que no iba a poder escribir, por más que sabía hacerlo con los pies. "Le dijeron que no había un pupitre especial y la madre replicó que le recorten las patas al pupitre para que pudiera sentarse. Se hizo un ‘ajuste razonable’ para ese caso particular”, explica Ramos.

“Hay que reconocer que vivir en discapacidad siempre conlleva un grado mayor de gastos. La tecnología que garantiza accesibilidad, el lenguaje de señas, el método Braille, por nombrar algunos apoyos necesarios. Ahí entra el rol del Estado”, demanda Bersanelli.


Karina Herrera, presidenta de AFAPREI, una asociación que nuclea a familiares de personas con discapacidad y a prestadores de servicio, trae otro caso en Córdoba. “A un niño con parálisis cerebral le iban a dar un cuadernillo de tercer grado, pero lo iban a dejar en el aula de segundo porque ‘no se puede bajar a todo el salón por un estudiante’. Si hay una barrera arquitectónica no podés privarlo del derecho a la educación”, sostiene.


Cobertura de salud y pensiones

Herrera también es madre de dos chicos con TEA y su testimonio es una muestra de los vacíos legales que espera que puedan abordarse en el proyecto.

“Soy sobreviviente de violencia de género y mis hijos de violencia intrafamiliar, el padre de mis hijos tenía una perimetral, pero él era el titular de la obra social. Hoy, ante un incumplimiento de cuestiones de salud de una persona con discapacidad, la única forma de reclamo ante la Justicia es un amparo”, detalla.

Las obras sociales locales, provinciales o de las fuerzas de seguridad, no están obligadas a suscribirse al Sistema Nacional de Salud. Por ello, al demandar la cobertura integral de la ley 24.901 (Sistema de Prestaciones Básicas) podrían quedar exentas de cumplir con los requerimientos de casos como el de Herrera, quien no figuraba como titular.

Por otro lado, la llamada “pensión por discapacidad” que, según detallan se basa en ese modelo médico que se quiere sustituir, debe reevaluarse. “Una pensión no contributiva no tendría que ver con invalidez laboral”, señala Herrera. Es decir, diferenciarla de las pensiones por accidentes laborales para que las personas con discapacidad sean competitivas en el mercado de trabajo.

El transporte

Para Bersanelli, garantizar el acceso al transporte ameritaría la imposición de sanciones para su cumplimiento. "No puede ser que un municipio llame a convocatoria a una empresa de transporte público y ellos no aseguren la accesibilidad. La Justicia tiene que hacer ajustes en esto”, indica.

Además, ante la propuesta de una nueva jerarquización política, varios se muestran a favor de que la ANDIS no dependa de la Secretaría de la Presidencia y que responda directamente al Ejecutivo.

El titular de CAIDIS marca que “la nueva ley debe generar institucionalidad federal, para que los estados provinciales y municipales se vean obligados a contar con áreas de discapacidad relevantes y herramientas para implementar políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones”.

Herrera admite que “mis hijos me tienen a mí, pero yo no soy eterna. Desearía que esta ley cubra esas mejoras en la política de discapacidad para los millones de personas como ellos”.



TE PUEDE INTERESAR