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Alquileres: apuntan que el impuesto a la vivienda ociosa es “inconstitucional”
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Alquileres: apuntan que el impuesto a la vivienda ociosa es “inconstitucional”

“En Paraná no hay revelamiento sobre la cantidad de viviendas vacías”, aclaran desde el sector inmobiliario. Por la ley de alquileres, las propiedades fueron puestas a la venta “sobrevaluadas un 30 y 40%".


l secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunió ayer con representantes de inquilinos y del sector inmobiliario para analizar la implementación de la Ley de Alquileres y distintas propuestas para incentivar la mayor oferta de propiedades para alquiler. Una de las propuestas fue la posibilidad de desarrollar y llevar adelante un impuesto a la vivienda ociosa. 


Al respecto, la titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, Paula Armándola, aseguró a Elonce que desde el sector se opusieron a la propuesta de implementar un impuesto sobre las viviendas vacías porque “es inconstitucional dado que aborda una temática de la propiedad privada”.

“En Paraná no hay revelamiento acerca de la cantidad de viviendas vacías. Pero la ley de alquileres, al generar tanta incertidumbre a los dueños de las propiedades, éstos las retiraron del mercado para volcarlas a la venta, pero fuera de precio y por eso no se venden porque están sobrevaluadas entre un 30 y 40%”, aclaró Armándola.


PROPONEN INMOBILIARIOS

“Proponemos tres modificaciones a nivel nacional con el Consejo Federal Inmobiliario: volver a los dos años de plazo de contrato, que los ajustes de precios sean cada seis meses para que no sea tan abrupto el salto y que el acuerdo del precio sea de común acuerdo entre las partes”, comunicó Armándola.

Y argumentó: “El bajar el plazo a dos años es para bajar la barrera de entrada al alquiler, porque, por ejemplo, el sellado que pone el Estado para registrar los contratos de alquiler en ATER es un porcentaje del alquiler y si son 36 meses, la base es más grande; con lo cual, el sellado es más costoso. Así también, los honorarios de los corredores públicos inmobiliarios están atados a la base del contrato, entonces, también generan una base muy alta”.

“Esta problemática se ve reflejada en los estudiantes que vienen a estudiar una carrera, y si a los ocho meses se dan cuenta que no les gusta o les surge algún imprevisto en la vida, tienen que salir de ahí y antes tuvieron que pagar un costo de entrada muy alto que los perjudica”, expuso Armándola.

Para Armándola, “la ley 27551 perjudicó tanto al propietario como al inquilino” y apuntó que “hay un rechazo” a esa normativa “por una prueba evidente de su fracaso”. “Esta ley, al no tener una certeza al momento de entrar al contrato respecto de cuál será el precio y la relación contractual específicamente relacionada con el precio, genera incertidumbre y contrae el mercado, es decir, disminuye la oferta de alquileres”, explicó al asegurar que “una casa o un departamento se alquila en dos o tres días”.

En ese sentido, la titular del Colegio de Corredores recomendó: “Si hay escases de oferta y exceso de demanda, hay que aumentar la oferta, pero eso debe hacerse en el marco de la Constitución Nacional y las leyes vigentes”. Armándola instó a “incentivar la construcción y conversar una ley de alquileres que contemple a todas las partes y sus problemáticas”. “Las propuestas tienen que estar enmarcadas en la Constitución Nacional”, remarcó.

“Se propuso derogar la ley actual y volver al nuevo Código Civil para trabajar en un nuevo proyecto, pero llegará un momento en el que los contratos de alquiler estarán regulados por las tres normativas; eso genera un conflicto y una complejidad en el mercado que necesitamos reducir”, especificó la corredora.






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