tras una serie de allanamientos en La Matanza y Merlo, durante los cuales se secuestró dinero, armamentos y trajes bacteriológicos, en una investigación que se inició por los delitos de abuso sexual y trata de personas, se negaron a declarar y fueron enviados a un penal federal mientras dure la investigación.

Además, los investigadores buscaban a dos mujeres como sospechosas de haber formado parte de la secta y que estarían dedicadas a captar a las víctimas a la que llevaban al templo para someterlas al sometimiento sexual y a la explotación personal.