La banda de los pilotos. Despegue desde Concordia, un hangar en Campos y armas rusas para traer cocaína desde Perú
Pilotos argentinos se asociaron para llevar a Uruguay cargamentos de hasta 400 kilos de cocaína proveniente de Perú. La droga sería depositada y luego trasladada a Europa. Los aviones llegaban al límite entre Uruguay y Argentina a la altura de Fray Bentos y Gualeguaychú, y comenzaban un vuelo rasante con el objetivo de sortear los controles de los radares de la Fuerza Área uruguaya.
Sin embargo, por lo menos dos avionetas fueron captadas y generaron alertas policiales. Cerca de la ciudad de Fray Bentos (Río Negro), un camión cisterna proveniente de Montevideo aguardaba la carga. Dentro del vehículo los traficantes pretendían esconder la droga. Cuando los investigadores policiales detuvieron el camión, encontraron armas automáticas de origen ruso y turco y mucho dinero. Los profesionales antidrogas presumen que ese dinero iba a ser utilizado para pagar el cargamento.
Según supo la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno, cuya titular es Mónica Ferrero, el piloto argentino de la avioneta, que fue incautada durante el operativo, logró huir hacia Argentina.
Así comenzó en 2021 una investigación inédita en el Cono Sur, cuyos detalles se conocieron en forma reciente. Ferrero se comunicó con la fiscal federal Josefina Minatta y con el fiscal Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad, con el propósito de armar un equipo de investigación conjunto. Ferrero conoció a los fiscales argentinos en encuentros de la Red de Ministerio Público que se realizan todos los años para intercambiar datos sobre organizaciones delictivas transnacionales. “Así se conformó el primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) entre Uruguay y Argentina”, dijo al diario El País una fuente de la investigación.
El trabajo coordinado dio sus frutos enseguida. En Argentina, los fiscales de ese país lograron la detención de tres personas que financiaban los vuelos hacia Perú. Se trataban de dos argentinos y un uruguayo.
La base del grupo criminal dedicada al diseño de la logística de los vuelos y a la capacitación del piloto entrerriano Francisco Emanuel Fogel, que fue deportado a fines de julio, estaba en Argentina. Operaba en un hangar ubicado en el kilómetro 22 de la Ruta provincial n° 22, kilómetro, en la localidad de General Campos, en Entre Ríos, según reveló Infobae.
Las operaciones de las fiscalías de Uruguay y Argentina, que incluía a las brigadas antidrogas de ambos países, comenzó mediante el sistema de entregas vigiladas. Esto significa que la Policía realiza el seguimiento del avión desde que parte de Perú y su arribo al Río de la Plata. Apostados en lugares ocultos, los policías aguardaron que los aviones descargaran la mercadería. Luego siguieron los vehículos para ubicar los depósitos y una vez allí realizaron la captura de los narcotraficantes y la incautación de la droga, celulares y otras evidencias.
En esa etapa, la fiscal Ferrero y los fiscales Minatta e Iglesias comenzaron a intercambiar informaciones sobre los vuelos y los movimientos del grupo delictivo. En Uruguay la operación contra los narcos pilotos se denominó “Arriero Minerva”. En marzo de este año, la fiscal Ferrero y su adjunta, la fiscal Gabriela Fernández, lograron la extradición desde Argentina de uno de los pilotos, quien fue formalizado por un delito relacionado con el tráfico de drogas. El caso se sustanció en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 1er Turno, cuyo titular es Fernando Islas. Días atrás, Islas otorgó una prórroga de las medidas cautelares de prisión para el piloto.
Según la fuente, por lo menos dos avionetas trajeron cargamentos a Uruguay. Una de ellas descendió en el paraje Perseverano, cerca de la ciudad de Soriano. Otra bajó en una estancia en Artigas. Las investigaciones de la fiscalía detectaron que la asociación de pilotos utilizó cuatro avionetas en los narcovuelos, aunque estiman que habrían adquirido ocho aparatos.
Como apresaron al piloto entrerriano
La clave estuvo en una conversación que escucharon los detectives entre dos involucrados, cuando uno le ofreció al otro “traer un flete de droga”, a cambio de 5 mil dólares, una cifra muy distante de los 320 mil dólares que pedía, por ejemplo, el magnate narco, Jorge “Nono” Adalid Granier Ruiz, uno de los mayores transportistas del negocio local, por el traslado de 400 kilos de cocaína de máxima pureza.
Con esa comunicación y la mecánica de la organización establecida, los uruguayos pidieron cooperación a la PROCUNAR, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico a cargo de Diego Iglesias, y la fiscal federal entrerriana Josefina Minatta -en un expediente bajo la firma del juez federal Pablo Seró en Concepción del Uruguay- quienes encargaron a Gendarmería una minuciosa investigación para dar con las avionetas que surcaron el espacio aéreo del país vecino con la droga.
Los gendarmes encontraron el hangar y, en ese momento, apareció el nombre de Mariano “Nano” Tedeschi, un tabacalero, ex socio de un empresario asesinado y que es ligado al contrabando de cigarrillos desde Paraguay. Llegaron, entonces, a sus supuestos socios en la maniobra narco: Lionel Rossi Coria y Silvio Román Marcogiuseppe.
Con estos datos y a dos días del secuestro de la cocaína, los gendarmes dieron rienda suelta al operativo “Benteveo”, allanaron el hangar de General Campos, secuestraron dos aeronaves, documentación y teléfonos satelitales “de los que surge con claridad el rol de cada uno de los investigados”.
A los detectives les llamó la atención los charcos de agua debajo del avión bimotor con matrícula CX-BR, “como si la hubieran limpiado”. Las sospechas se confirmaron cuando el can “Guli” marcó el sector de la nariz.
El piloto Fogel, por otra parte, había estado en la aeronave. Así lo confirmó una huella extraída del parasol izquierdo del bimotor que arrojó una correspondencia con la ficha dactilar del entrerriano.
Su casa fue allanada. Allí, los gendarmes encontraron el libro de vuelo, un cuaderno con anotaciones que daba cuenta del recorrido, a partir de palabras en código. El periplo había comenzado el mediodía del 22 de septiembre, en Concordia, desde donde despegó el Piper hasta el punto “Oso” (Paraguay), donde llegó a las 16 y donde habría pernoctado. Al día siguiente, partió a las 9:08, hasta “Klauss” (Bolivia) a donde llegó a las 13:38. Ya el 24, a las 7:35, partió hacia “Rich” (Perú), a una zona sospechada de albergar cocinas de cocaína, donde llegó a las 10:55.
“Permaneció en ese país durante dos noches y cargó las sustancias estupefacientes que luego transportó el 26 de septiembre hasta Uruguay, donde se realizó la descarga, y luego regresó al hangar”, determinaron los investigadores según un documento del caso.
El secuestro del celular de Fogel aportó más evidencia al expediente. Dentro del aparato, se encontraron audios enviados por Rossi Coria del 27 de septiembre, es decir, del día posterior a la incautación de la droga. “¿Viste que siempre estamos al borde? El Pablo estaba allá y nosotros estábamos acá siempre, nosotros alguna cagada no tiene que estar pasando”, celebró.
Luego le indicó: “Vos decile que se quede tranquilo, que si él hubiera estado acá era peor todavía. Porque le hubiera andado buscando la DEA hoy, todo el día”, dos de los mensajes de voz hallados en el teléfono.
Para los representantes del Ministerio Público Fiscal “el grupo criminal se aseguró de tener todos los recursos necesarios para ejecutar el transporte internacional: una pista para el despegue y aterrizaje, aeronaves preparadas (especialmente la CX-BRI), repuestos para mantener las aeronaves en funcionamiento, un piloto entrenado, elementos de comunicación y de navegación, un punto para la entrega de la droga en Uruguay y un equipo de “rescate” de la droga en ese país”.
Descubiertos, Tedeschi, Rossi Coria y Román Marcogiuseppe fueron procesados, sin prisión preventiva, por los delitos de organización y financiamiento de las maniobras de contrabando y/o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, agravado por el número de personas intervinientes, una figura penal que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel.
Además, el juez federal Seró los embargó por un millón de pesos a cada uno. (El País e Infobae)