La Justicia allanó 24 comedores y encontró un depósito con alimentos en mal estado

Según trascendió, esos alimentos fueron entregados en enero por la provincia de Buenos Aires. “No tuvimos tiempo de repartirlos”, argumentaron.

La Justicia Federal de Quilmes realizó 24 allanamientos en comedores, merenderos y depósitos de organizaciones sociales que estarían involucrados en casos de extorsión contra beneficiarios del programa de Potenciar Trabajo y defraudación a la administración pública.

La causa que está en manos del juez Luis Armella y el secretario Diego Quiroga ya tiene cerca de 40 imputados de organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, y CTD-Aníbal Verón, entre otras.

Tras los allanamientos, se encontraron alimentos vencidos y en mal estado que habían recibido por parte del Estado durante el mes de enero y no fueron entregados a los sectores más vulnerables.

Cómo fueron los allanamientos en los comedores de organizaciones sociales
Los investigadores que intervienen en el operativo se mostraron “sorprendidos e indignados” tras allanar un depósito de alimentos que pertenece a la organización de izquierda MTD-Teresa Rodríguez ubicado en la localidad de Florencio Varela.

Allí, descubrieron “alimentos podridos”, entre los que había leche en polvo, harina, polenta, yerba y pan. Según trascendió, esos alimentos fueron entregados en “enero por la provincia de Buenos Aires y no tuvimos tiempo de repartirlos”, argumentaron.

El juzgado solicitó la intervención del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, porque en otros comedores también encontraron alimentos. Asimismo, pidieron que la dirección de Bromatología de la localidad tome muestras para realizar análisis.

La investigación judicial contra dirigentes sociales y piqueteros por “extorsión” y “facturas truchas” que comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita tiene una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Luis Armella.

Según indicó Infobae, a lo largo de 44 legajos se investiga a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y entre otros lugares, cooperativas de trabajo, que utilizaban la misma metodología para presionar a los beneficiarios a fines de que asistieran a marchas, concentraciones, volanteadas políticas, actos en estadios y espacios públicos.

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