Lo dice Mariana Isasi, flamante jefa de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina. Asegura que el acceso es desigual.

La ley de Interrupción voluntaria del embarazo y atención post aborto es revolucionaria para todas las personas con capacidad de gestar porque les permite poder decidir sobre sus propios cuerpos y, por ende, en sus vidas.

Pero pese a que es de cumplimiento obligatorio en todo el país, su implementación es dispar en las provincias y siguen existiendo barreras en su acceso.

También es un desafío que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga brinden cobertura total a las prestaciones, tal como lo dispuso la ley.

Es importante contar con una ley que jerarquice el rol de las obstétricas en la atención de la salud sexual y reproductiva. Las obstétricas son proveedoras esenciales de atención primaria y desempeñan un papel clave en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

¿Qué deberían hacer el Estado y la sociedad? 

Es imprescindible la convocatoria y participación de las organizaciones civiles para desarrollar proyectos que garanticen estos derechos y diseñar políticas integrales que contemplen a una multiplicidad de actores. La voz de los y las jóvenes es fundamental. Así lograremos tender puentes con el fin de lograr los consensos y puntos de acuerdo necesarios para avanzar conjuntamente en un mundo donde todos los embarazos sean deseados, todos los nacimientos sean seguros y se desarrolle el potencial de todas las personas jóvenes.