La Asociación de Magistrados rechazó el juicio político a la Corte Suprema

Política.- La entidad señaló que el pedido de juicio político por el contenido de sentencias es “una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional”.

El pedido de juicio político del gobierno nacional a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación suma cada vez mas voces en contra. Este jueves la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó el planteo y sostuvo que se está ante una “crisis institucional sin precedentes”.

“Es posición inveterada de esta Asociación que la promoción de juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá del acierto o error de estos últimos, implica una indebida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura”, sostuvo la entidad a través de un comunicado firmado por su presidente, Marcelo Gallo Tagle, y por su secretario general, Marcelo Peluzzi.

“El devenir de los sucesos y los anuncios que, a través de diferentes funcionarios nacionales, se vienen dando en las últimas horas, nos ponen en alerta y nos instan a expresar nuestra desaprobación en toda su extensión”, agregó la AMFJN, la entidad política y gremial de la justicia nacional y federal, y sostuvo que “la división de poderes y la independencia judicial, establecidos en la Constitución Nacional, deben asegurarse bajo cualquier circunstancia para garantizar un Estado de Derecho”.

Quien también se manifestó fue “Compromiso Judicial”, una de las agrupaciones políticas de la justicia. “Expresamos nuestra preocupación ante las intenciones de abrir un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, vinculado con el contenido de sus sentencias. El respeto y cumplimiento de los fallos judiciales, particularmente aquellos emitidos por el máximo tribunal del país, deben acatarse siempre, en función de la garantía de debido proceso y el Estado de Derecho, sostuvo la agrupación.

El gobierno presentó el pedido de juicio político a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño de sus funciones por el fallo de la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por sus resoluciones sobre el Consejo de la Magistratura de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de su integración de 13 miembros y repuso la ley anterior de 20 que había sido derogada por el Congreso de la Nación.

El pedido de juicio político fue entregado ayer por Alberto Fernández al titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la comisión encargada, Ana Carolina Gaillard, en una reunión que tuvieron en la quinta de Olivos.

El Gobierno sigue firme, de todas formas, en las negociaciones sumar más apoyos en el interior, tarea de la que se ocupaba en persona Alberto Fernández junto a su círculo más cercano. Por ahora decidieron no participar de la embestida contra la Corte los jefes provinciales afines de San Juan, Sergio Uñac; Santa Fe, Omar Perotti; San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco el misionero Oscar Herrera Ahuad, y los gobernadores disidentes, que se comportan de forma ocasional como aliados, Arabela Carreras, de Río Negro; y Omar Gutiérrez, de Neuquén.

 

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